El Primero de mayo del 2006, el presidente Evo Morales nacionalizó, a través de un decreto, los recursos de hidrocarburos del país.
El decreto estipula que las encargadas de explotar los yacimientos sean empresas mixtas en las que el YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) posea, al menos, 51% de las acciones.
Similares intenciones tienen los Decretos sobre la distribución de tierras, donde se ordena entregar títulos de propiedad de tierra a campesinos pobres, sobre todo a indígenas.
El objetivo de estos decretos es la nacionalización de los latifundios para su distribución entre los trabajadores agropecuarios.
El 19 de Noviembre los prefectos (gobernadores) de Santa cruz, Tarija, Pando, y Beni anunciaron: “que lo que en verdad está en debate es la visión del nuevo modelo de Estado en Bolivia donde el gobierno nacional busca centralizar los recursos económicos pertenecientes a los departamentos, además de concentrar el poder político fortaleciendo un Estado centralista que favorezca el mandato totalitario y absolutista”.
A raíz de esto el 15 de diciembre de ese mismo año la cámara de diputados aprobó el proyecto de ley del referendo revocatorio (se encuesta al pueblo para decidir si revocar alguna norma) sobre la base de las quejas de la oposición.
El 64,41% de los bolivianos aprobó la continuidad de Evo Morales en el gobierno y lo “libraron” de los obstáculos a las reformas que impulsa. Aun así los Prefectos del oriente del país (que cuentan con legitimidad en sus departamentos) exigieron la suspensión del referendo revocatorio del mandato del Presidente y apostaron por una autonomía del poder central que se asemeja a una independencia.
Los simpatizantes del movimiento opositor autonomista se denominan los cívicos, mientras que los simpatizantes del Presidente Morales y el MAS (Movimiento al Socialismo, partido al cual pertenece Morales) suelen ser referidos como los campesinos o los indígenas.
En Torno a esta división (polarización Política) se dieron varios hechos de violencia en el país. El hecho más preocupante se dio el 11 de septiembre del corriente año, cuando dieciséis campesinos que apoyaban a Morales resultaron asesinados, a 30 km de Cobija, capital de Pando, por un grupo de civiles armados. Los campesinos aseguran haber sido emboscados por funcionarios de la prefectura de Pando cuando se dirigían a apoyar al Gobierno de Morales.
Ante la gravedad de los hechos, El Presidente dispuso el estado de sitio en el departamento de Pando y ordenó a las Fuerzas Armadas tomar el control de la ciudad. El prefecto de Pando (Fernández) ordeno a los grupos civiles resistir la entrada de las fuerzas de seguridad por la fuerza.
Poco tiempo después Fernández fue detenido y se nombro prefecto a Landelino Bandeira Arze.
En el contexto internacional, es muy posible que Estados Unidos haya intervenido y siga interviniendo, al menos en forma secreta, a favor de los grupos autonomistas a raíz de la nacionalización de los hidrocarburos que Impulsó el Presidente.
El mismo día que ocurrió la masacre de Pando Morales expulsó del país al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, acusándolo “de apoyar las movilizaciones opositoras a favor de las autonomías departamentales y entrometerse en los asuntos internos de Bolivia”.
A los Pocos días el Presidente de USA incluyó a Bolivia en la “Lista Negra” del narcotráfico por considerar que el Estado boliviano había fallado en su colaboración a la hora de combatirlo; Morales calificó esta medida como una represalia estadounidense por la expulsión de su embajador.
A raíz de la grave situación en Bolivia se convoco a una cumbre presidencial en la UNASUR (Unión de Países Sudamericanos) compuesta por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. En Dicha cumbre los países de América del Sur se Mostraron a favor del Gobierno de Evo Morales expresando el: “más pleno y decidido respaldo al Gobierno Constitucional del Presidente de la República de Bolivia Evo Morales, cuyo mandato fue ratificado por una amplia mayoría en el reciente Referéndum”.
En concreto, el apoyo que le brindan Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Cristina Fernández de Kirchner (Argentina) a Bolivia no es solo por simpatía, sino también por la importancia estratégica de dicho país como proveedor de gas a la Argentina y a Brasil; este último consume nada menos que 30 millones de m3 por día de gas.
En el caso de Argentina existe el riesgo de que deba enfrentar, a lo largo de la frontera Boliviana, una severa crisis humanitaria, causada por una masa de refugiados dirigiéndose a territorio Argentino.
Esta división político/social marcada por la violencia y los intereses económicos que atraviesa Bolivia amenaza directamente a la unidad del país y puede comprometer su formación como una nación.
No solo perjudica a dicho país, por las vidas que se perdieron, sino que además puede perjudicar a las economías de los países vecinos, quienes deben hacer todo lo que sea posible para que Estados Unidos no logre fragmentar a un país para tener control de sus recursos económicos.
